COMUNICADO DE CSI Y CNT-AIT ASTURIES, ANTE LOS «ASESINATOS» LABORALES
En el año 2024, 796 personas murieron «asesinadas» en el trabajo en España, un 10% más que en 2023. En Asturies, en ese mismo periodo, se registraron 21 «asesinatos» laborales, cifras inasumibles, sobre todo porque se producen por la avaricia empresarial, al vulnerar intencionadamente las normativas de prevención y salud laboral. Hay que recordar que, en 2024, además de las personas fallecidas, se produjeron 10.555 accidenstrong>tes o potenciales «asesinatos» laborales, de los cuales, 73 fueron graves dejando secuelas de por vida en todos ellos. En lo que llevamos de año 2025, ya van 9 «asesinatos» laborales, los cuales, tienen un denominador común; la falta de cumplimiento de medidas preventivas y por tanto la consideración de presunto delito de riesgo contra la seguridad de las personas trabajadoras.
¡¡BASTA YA!!, hay que señalar a los “asesinos” empresariales, que caiga sobre ellos la legalidad penal, exigirles las indemnizaciones por homicidio, reparación, reconocimiento público de lo ocurrido, el restablecimiento de la dignidad de las víctimas y la garantía de no repetición. Responsables de estas políticas empresariales que, por su egoísmo depredador y con la permisibilidad de los Organismos responsables de vigilar el cumplimiento de las leyes y normas preventivas, arrasan la vida de personas y destrozan a sus familiares y amigos.
Empresarios “delincuentes” que atentan contra la vida de las personas, que con su falta de sensibilidad se atreven a hablar de «índices de absentismo», cuando la consecuencia de esas incapacidades temporales tiene su origen en el incumplimiento de las normativas preventivas, con lo que el balance real del alcance de estos delitos contra la seguridad y la salud es mucho mayor aun porque estos accidentes que no son mortales no aparecen en los medios de comunicación ni se les da importancia en las estadísticas.
Ante este escenario tan dramático, no valen excusas de los responsables de velar y exigir el cumplimiento de las normas preventivas, menos aun de quienes tienen que vigilar el cumplimiento de las mismas, empezando por los Servicios de Prevención que son cómplices directos de la patronal que les paga sus servicios, a cambio de no elaborar informes técnicos reales que reflejen los riesgos verdaderamente potenciales que permitan juzgar a los “delincuentes” patronales. Deben ser señalados, también, los Servicios de Prevención ya que son responsables directos, junto con los empresarios que los contratan, de «blanquear» las Evaluaciones de Riesgos que acaban con la vida de personas por la falta de profesionalidad. La prevención para estos, se ha convertido en un mercadeo de abaratamiento de costes en prevención y una plataforma de intrusismo en un ámbito que siempre debió tener una vigilancia desde la Autoridad Laboral y los Organismos Públicos.
Asimismo, también, tenemos que dar luz pública a la falta de medios con la que la Inspección de Trabajo tiene que ejercer su función ante los riesgos reflejados en las denuncias que a diario se registran, teniendo que realizar resoluciones en condiciones que no son razonables, lo cual, provoca una total indefensión para las personas trabajadoras ante lo que ocurre en los centros de trabajo.
Señalar también, a los cargos políticos responsables de las Consejerías obligadas a vigilar el cumplimiento de las leyes en prevención y sobre todo, responsables directos de no dotar a las propias Inspecciones de Trabajo de herramientas ni personal suficiente para ejercer su función de control y vigilancia de estas normativas de seguridad.
No admitimos bajo o ningún motivo, la criminalización de las personas trabajadoras cuando los «delincuentes» de la patronal, intentan justificar incumplimientos preventivos por parte de las personas fallecidas o accidentadas, todas ellas sufren la vulneración de derechos en los centros de trabajo y una falta total de medidas preventivas que resulta aún más ofensivo cuando estos «argumentos» son los que utilizan los «asesinos» laborales.
No se puede admitir que a pesar de las leyes y normativas de prevención, las cuales, obligan a todas las empresas y administraciones públicas en el cumplimiento de la evaluación de riesgos antes del inicio de cualquier actividad, a formar en los riesgo s específicos de cada puesto de trabajo, a implantar las medidas preventivas necesarias para eliminar los riesgos en su origen, cada año se incrementan los accidentes laborales (628.300 en 2024 en España-con baja-mas los 552.902 sin baja: 1.181.202, una cifra que asusta solo con leerla).
A pesar de estas cifras y sus trágicas consecuencias, desaparece de la memoria social rápidamente quedando registro solamente en unos datos estadísticos y con la insensibilidad de organismos que no actúan con la contundencia necesaria para acabar con esta lacra que lamina la vida de la clase obrera y sus familias. Accidentes como los de la mina de Zarreu, o el ocurrido en Coaña, son la punta de lanza de estos «asesinatos» laborales, la mayoría de ellos, ni tan siquiera salen en las noticias, o como mucho se les dedica un recuadro mínimo en los medios de comunicación.
